La atención de los socorristas se centra en el barrio Cubango de Niteroi, ciudad vecina de Río de Janeiro, donde el desprendimiento de toneladas de tierra y basuras del Morro do Bumba destruyó anoche unas 50 casas, según cálculos de las autoridades.
Como no hay un registro oficial de las viviendas construidas en las laderas de los cerros, las autoridades basan sus cálculos en las informaciones de vecinos y así fue que el comandante de los bomberos, coronel Pedro Machado, llegó a la conclusión de que unas 200 personas pudieron haber quedado sepultadas por toneladas de tierra y basura.
Hasta la tarde de hoy habían sido encontrados diez cadáveres, mientras que 53 personas fueron rescatadas con vida, de las cuales 21 tuvieron que ser hospitalizadas.
Niteroi, separada de Río de Janeiro por la boca de la bahía de Guanabara, ha sido la ciudad más castigada por los deslizamientos de tierra producidos por los aguaceros de esta semana, con al menos 89 muertes.
En Río de Janeiro han perecido 52 personas, 16 más en Sao Gonzalo y el resto en Nilópolis, Engenheiro Paulo de Frontin, Petrópolis y Magé.
Las lluvias, aunque han disminuido, todavía castigan de manera intermitente algunas zonas de Río y municipios vecinos.
Un portavoz de la alcaldía de Niteroi dijo a Efe que no disponen de números precisos sobre personas desaparecidas por el alud en el Morro do Bumba, mientras que la secretaria de Medio Ambiente del estado de Río de Janeiro, Marilene Ramos, afirmó que la cifra de sepultados no debe ser tan alta como calculan los bomberos.
"Muchos habitantes dejaron la zona después del primer deslizamiento, el lunes", dijo la funcionaria, lo que indica que, una vez más, fue una tragedia anunciada y poco se hizo para impedirla.
En el caso del Morro do Bumba, el terreno sobre el que se construyeron las viviendas es más inestable que cualquier otra ladera porque, según las autoridades, entre 1970 y 1986 el lugar fue usado como vertedero de basuras, con lo cual la capacidad del suelo de absorber el agua de lluvia es menor.
Hace más de veinte años un alcalde mandó clausurar el vertedero, pero nadie impidió la urbanización de esa zona considerada de riesgo donde ahora se ha presentado la tragedia.
Ante la emergencia que vive desde el lunes el área metropolitana de Río de Janeiro por las lluvias y derrumbes, el gobernador Sergio Cabral y el alcalde Eduardo Paes han reiterado sus llamamientos a la población para que abandone las zonas propensas a deslizamientos de tierra, pero la gente alega que no se les ofrecen alternativas.
Distintos especialistas en urbanismo, geología y suelos entrevistados en estos días por los canales de televisión coinciden en que la gente que vive en zonas de peligro no está allí porque quiere, sino porque no tiene otra opción.
El Gobierno nacional anunció hoy en Brasilia que ha liberado 200 millones de reales (unos 112 millones de dólares) para atender la situación de emergencia que sufre Río de Janeiro y que enviará ayuda humanitaria para los cerca de 75.000 damnificados.
En vista de que los derrumbes en las favelas construidas en las faldas de las cerros son un problema crónico que las autoridades prometen resolver cada vez que ocurre una emergencia como la actual, la Orden de Abogados de Brasil (OAB) pidió hoy al Ministerio Público Federal que investigue la responsabilidad de los gobernantes y la distribución del dinero destinado al Programa de Prevención de Desastres.
"Los estados trabajan más en función de las consecuencias de las emergencias que con políticas de prevención y planeamiento a largo plazo. Llegó la hora de que los gobernantes asuman sus responsabilidades. Basta de omisión, basta de desgracias", dijo hoy a periodistas el presidente nacional de la OAB, Ophir Cavalcante.
La OAB quiere que se aclare si la distribución de los recursos para la prevención de desastres se hizo con base en criterios técnicos o políticos.
Los juristas también anunciaron que darán asesoría legal a las personas afectadas por la tragedia que busquen una indemnización por daños morales o materiales, pues aunque hayan construido sus viviendas de manera ilegal en zonas de riesgo, hubo omisión de las autoridades que permitieron la urbanización de los cerros. EFE
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