Guatemala, (NBG).- Las advertencias son claras y contundentes. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), entre junio y julio se prevé que lloverá arriba de lo normal en 14 departamentos. La Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) estima que 25 municipios del país corren peligro de inundaciones (3 de ellos con posibilidades de “muy alto riesgo”), y otros 7 pueden enfrentar deslaves.
La información disponible identifica también cuáles son esas comunidades en alarma de inundaciones y deslaves y, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta se puede determinar la cantidad de personas que habitan esos lugares: 1.5 millones aproximadamente. Además, el comportamiento de los inviernos en Guatemala permite saber que el litoral del Pacífico ha sido la región más dañada por el paso de las lluvias.
Así las cosas, el Gobierno ha dispuesto de la información pertinente para impulsar un minucioso y exitoso plan de prevención, el cual tenga, como su principal objetivo, reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas. En esto, que debería ser un gran esfuerzo de protección, el Ejecutivo no debe escatimar recursos, sobre todo cuando se pronostican tantas depresiones tropicales como en 2010. Los múltiples estragos causados por el paso de la tormenta Ágatha deben ser aleccionadores en estos momentos de prevención y planificación, pues Guatemala no puede enfrentar otra catástrofe igual sin contar con las acciones de mitigación respectivas.
Tras un año de Ágatha, que tocó tierra el 29 de mayo como tormenta y un día después se convirtió en depresión tropical, son pocos los avances en materia de reconstrucción. Si bien es cierto el proceso para reparar la infraestructura vial destruida llevaría varios años, también es evidente que los retrasos sobrepasan las expectativas, al punto que enfrentaremos el período más tormentoso del invierno con una red de comunicación deficiente.
Lejos de provocar alivio y esperanza, la reconstrucción es criticada por técnicos en la materia, quienes advierten que las construcciones no sólo son deficientes sino hasta poco transparentes. “No han terminado ninguna obra, mucho menos mitigar los desastres naturales”, señala Jorge González, ex presidente del Colegio de Ingenieros, quien agrega que el Ministerio de Comunicaciones ha reportado “muchos” trabajos de dragado, pero esas “son obras que se prestan para la corrupción”.
En fin, el Gobierno tiene en sus manos los registros necesarios para prevenir, aunque resta esperar que tenga la capacidad para hacerlo.
Editorial: Siglo XXI
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